El fondo que compró 3.000 pisos sociales los ofrece al doble de precio

El fondo de inversión Goldman Sachs, que adquirió hace dos años 2.935 pisos sociales con inquilinos en alquiler al Instituto de la Vivienda (Ivima), los está ofreciendo ya al doble del precio al que los compró: una media de 68.000 euros. “Los venden en Vallecas y Ventilla a 140.000”, denuncian los arrendatarios. Al tiempo, un informe de la Cámara de Cuentas denuncia que el Ivima no atendió las alegaciones y quejas de los inquilinos porque no los consideró “interesados en el procedimiento [de venta]”, porque sus “derechos e intereses” no se veían “afectados”. Pero la cámara enumera los grandes perjuicios que sufrieron.

González y Cavero comparecerán en la próxima sesión de la comisión de corrupción

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid Pablo Cavero comparecerán en la próxima sesión de la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid para informar sobre la venta de casi 3.000 viviendas del IVIMA a fondos de inversión.

Madrid vendió 2.935 pisos públicos sin los “estudios técnicos” que avalaran la “necesidad” de hacerlo

La Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, señala en un informe registrado este martes en la Asamblea de Madrid [consultar en PDF, aquí] que en la venta de 2.935 viviendas de protección pública a una empresa participada por el fondo de inversión Goldman Sachs –efectuada en octubre de 2013 por 201 millones de euros– se incumplieron los principios de transparencia y claridad de las actuaciones administrativas, así como los de idoneidad y eficiencia en la contratación porque en el expediente de esa operación “faltan” los “estudios técnicos o informes” que avalen que esta venta era “necesaria, conveniente y oportuna”.

El Ivima calificó de “innecesarios” los 2.935 pisos vendidos a fondos buitres

El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) vendió en 2013 un total de 2.935 viviendas públicas de once municipios madrileños a un fondo buitre, la asociación de Azora y Goldman Sachs. Para poder llevar a cabo esta compraventa, la ley de Patrimonio de la Comunidad le exigía justificar la “innecesariedad” de las 32 promociones para poder enajenarlas.