La Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, señala en un informe registrado este martes en la Asamblea de Madrid [consultar en PDF, aquí] que en la venta de 2.935 viviendas de protección pública a una empresa participada por el fondo de inversión Goldman Sachs –efectuada en octubre de 2013 por 201 millones de euros– se incumplieron los principios de transparencia y claridad de las actuaciones administrativas, así como los de idoneidad y eficiencia en la contratación porque en el expediente de esa operación «faltan» los «estudios técnicos o informes» que avalen que esta venta era «necesaria, conveniente y oportuna».